Los socialistas llevan a la Fiscalía la acusación contra la alcaldesa de Castellón por organizar un evento de entrega de llaves de viviendas sociales.

El partido socialista en el Ayuntamiento de Castellón ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, y tres concejales por un supuesto delito de vulneración del derecho al honor de personas vulnerables en el acto de entrega de viviendas sociales. Según el artículo 5 de la Ley de Publicidad Institucional, está prohibido que personas con cargos electos o altos cargos del gobierno participen en actos públicos de entrega de llaves de bienes inmuebles o similares. Estas entregas deben ser realizadas por personal funcionario competente y sin hacer de ello una representación pública. Sin embargo, Carrasco (PP) organizó un acto público al que asistió junto a los concejales de Vivienda, Sergio Toledo; Bienestar Social, Maica Hurtado; y Familia, Alberto Vidal, en una reunión que tuvo lugar en el salón de plenos.

Después del acto, que el equipo de gobierno además publicitó en un comunicado de prensa, los socialistas de Castellón presentaron un escrito ante la Fiscalía Provincial solicitando que se abran diligencias para aclarar una posible actividad delictiva por parte de la alcaldesa. Según ha explicado la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Puerta, “nos encontramos con dos hechos claros: la posible vulneración del derecho al honor de las familias a las que se les ha concedido una vivienda social y la presunta infracción de la Ley de Publicidad Institucional, que prohíbe los actos públicos de entrega de llaves”.

Patricia Puerta, acompañada de los concejales José Luis López y Mary Carmen Ribera, acudió a la Ciudad de la Justicia y recordó que fue el pasado sábado 9 de diciembre cuando el ayuntamiento anunció el acto de entrega de llaves de diez viviendas sociales a familias vulnerables, “algunas de las cuales aparecieron en la foto”. Según la socialista, Carrasco “no solo escenificó todo, sino que la noticia se envió a los medios de comunicación y se difundió ampliamente a través de las redes sociales del PP”.

Después de la denuncia pública antes de presentar el escrito a la Fiscalía, el equipo de gobierno argumentó que no se trataba de una entrega de llaves, a pesar de haberlo publicitado, sino de una recepción con la alcaldesa, quien invitó a las familias para conversar con ellas.

La alcaldesa de Castellón no fue la única que decidió publicitar esa entrega de viviendas sociales. También la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del mismo partido, presidió un acto de adjudicación de viviendas de alquiler que llevó a Compromís a presentar una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude y la Fiscalía a principios de diciembre. La portavoz de Compromís, Papi Robles, argumentó en ese momento que Catalá pudo poner en peligro a personas vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia de género y menores, quienes, según denunció, “se vieron obligados a participar en un acto público de entrega de viviendas públicas de alquiler asequible”. En ese caso, la alcaldesa argumentó que la ley establece que no se puede obligar al adjudicatario a asistir “de ninguna manera a un acto público de firma” y nadie asistió obligado, además de proteger la identidad y la vida cotidiana de las víctimas, quienes firmaron en una sala aparte.

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