La regulación del trabajo en las plataformas digitales es cerrada por la Unión Europea.

La Unión Europea está a punto de establecer una normativa que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales, conocida en España como ley rider. Este acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, representado por España durante este semestre, no solo afectará a los repartidores, sino a todos los sectores. El objetivo es definir si aquellos que trabajan en este sector son empleados o autónomos. Ahora, ambas partes deben ratificar este acuerdo, que también garantiza a los trabajadores información sobre el uso de sistemas de seguimiento o mecanismos electrónicos para tomar decisiones laborales.

“Esta propuesta supone un gran avance. Si el Consejo lo ratifica la semana que viene, los trabajadores contarán con más derechos, especialmente aquellos que han sido considerados erróneamente como autónomos hasta ahora, ya que tendrán una mejor protección laboral y social”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz. El departamento de Yolanda Diaz ha coordinado las negociaciones al presidir España el Consejo de la UE durante este semestre.

Las negociaciones no han sido fáciles debido a las diferencias entre las partes. De hecho, en días anteriores había escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, que finalmente se logró después de más de 10 horas de negociación. Al tratarse de una directiva, una vez ratificada deberá transponerse a las leyes nacionales.

Según el Parlamento Europeo, cuando la Comisión presentó su proyecto de directiva, había más de 500 plataformas digitales de trabajo activas que empleaban a casi 30 millones de personas. Se espera que esta cifra aumente a 43 millones en 2025. Esto incluye a los repartidores de comida en bicicleta de empresas como Glovo o Deliveroo, así como a los conductores de coches que trabajan en aplicaciones como Uber.

La mayoría de estos trabajadores son considerados autónomos, pero se estima que alrededor de 5,5 millones de ellos estarían clasificados erróneamente y deberían ser considerados asalariados, conocidos formalmente en España como falsos autónomos. Sin embargo, esta cifra podría ser menor. El Ejecutivo comunitario parte de la presunción de laboralidad, por la cual el trabajador se consideraría inicialmente asalariado y sería la plataforma la que tendría que demostrar lo contrario. Ahora, el acuerdo alcanzado establece cinco condiciones objetivas, y si se cumplen al menos dos de ellas, el trabajador se considerará empleado.

Estas cinco condiciones son: límite en la cantidad de dinero que pueden recibir los trabajadores, supervisión del rendimiento, control sobre la distribución de tareas, control sobre las condiciones de trabajo y horario, y restricciones en el vestuario o conducta. Los Estados pueden ampliar esta lista en su legislación nacional.

“El acuerdo alcanzado con el Parlamento garantiza que los trabajadores sean informados sobre el uso de sistemas automatizados de seguimiento y toma de decisiones”, señala el comunicado emitido por el Consejo de la UE.

Este texto fue escrito por [Nombre del autor]. Ha trabajado principalmente en la sección de Economía de EL PAÍS en Bruselas, siguiendo el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social desde 2008 hasta 2021. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y en 2006 realizó el máster de periodismo UAM/EL PAÍS.

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