General offensive against diverse Spain

En España, se ha observado una intensa lucha por intentar derribar al Gobierno, reflejando la fuerte polarización política entre la mayoría de gobierno y la oposición de derechas. Esta confrontación revela la creciente disociación entre dos visiones de España: una centralista y nacionalista con raíces franquistas, y otra plural representada por la izquierda y fuerzas políticas periféricas.

Las crisis como el Plan Ibarretxe y el proceso independentista de Cataluña han avivado un nacionalismo retrógrado apoyado en un sentimiento de orgullo nacional herido. Para contrarrestar la España plural, las fuerzas de derecha buscan debilitar a la mayoría gobernante a toda costa.

Ante la falta de fuerza electoral suficiente, las derechas recurren al poder acumulado en los aparatos del Estado, incluyendo la influencia desmedida en la administración de Justicia. El control del Código Penal le permite intervenir no solo en el ámbito ejecutivo, sino también en el legislativo, marcando el rumbo político del país.

La reciente imputación de Carles Puigdemont por terrorismo, en un momento crucial de negociaciones legislativas, evidencia la injerencia judicial en la defensa de una particular visión de España. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han adquirido un papel cada vez más destacado en la agenda política y legislativa, generando debates sobre la interpretación de los delitos penales y su aplicabilidad.

La derecha política ha consolidado su presencia en el poder judicial a lo largo de los años, buscando influir en las decisiones clave a través de mecanismos legales. Desde el control del órgano de gobierno de los jueces hasta la manipulación de instancias como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, se evidencia una colonización del sistema judicial en defensa de una idea específica de España.

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