Estímulo a la ocupación y resguardo social.

La regulación de las prestaciones y subsidios de desempleo en España, tanto en el nivel contributivo como en el asistencial, busca equilibrar los incentivos al empleo y la protección social. El objetivo es fomentar el retorno al mercado laboral en caso de pérdida involuntaria del empleo, al mismo tiempo que se garantice una renta suficiente durante el periodo de desempleo.
Recientemente, se ha llevado a cabo una reforma en los subsidios de desempleo a nivel asistencial (decreto ley 7/2023), con el fin de ajustar aún más estos equilibrios entre el incentivo al empleo y la protección social. Por un lado, se han ampliado los beneficiarios y se ha simplificado el acceso al subsidio, sin reducir las cuantías ni las duraciones máximas, lo que refuerza su función protectora. Por otro lado, las cuantías son decrecientes y compatibles con el trabajo por cuenta ajena durante un máximo de 180 días. Además, se fomenta la empleabilidad a través de compromisos de actividad, lo que contribuye a la activación del mercado laboral.
Estas medidas buscan lograr un mayor equilibrio entre la protección del desempleo y el estímulo al empleo, algo que la regulación anterior descuidaba en gran medida. Esta reforma legislativa es el primer paso hacia la transformación de los subsidios de desempleo en ayudas al empleo con incentivos más ambiciosos, que ayuden a reducir la economía sumergida y faciliten la reintegración en un mercado laboral en crecimiento. La conexión entre el nivel asistencial de desempleo y la regulación del ingreso mínimo vital puede proporcionar una protección social adecuada, en línea con los incentivos al empleo. En resumen, esta reforma legislativa representa un avance en la dirección correcta.
Esta reforma también brinda una excelente oportunidad para realizar cambios profundos en el funcionamiento de los servicios públicos de empleo. Estos cambios pueden incluir incentivos económicos para el personal que logre colocar a los desempleados, mejoras en los sistemas digitales de información sobre ofertas de empleo y convenios de colaboración público-privada con el sector de la intermediación laboral. Todo esto contribuirá a una mayor activación del mercado de trabajo en todos los territorios. Asimismo, se requiere un plan estatal coordinado con todas las comunidades autónomas para mejorar la gestión pública de la intermediación laboral. En definitiva, es fundamental que la protección social y el incentivo al trabajo vayan de la mano con políticas activas de empleo efectivas.
Jesús Lahera Forteza es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid.

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