En cinco comunidades, el Gobierno promete aumentar el salario de los abogados en servicio público gratuito.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado su compromiso de aumentar los baremos que establecen la compensación de los abogados del turno de oficio en las cinco comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Bolaños ha adquirido este compromiso con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, con quien se ha reunido como parte de las consultas que viene realizando con todos los agentes del sector desde que asumió el cargo de Justicia. “Deben tener una remuneración digna y justa por el trabajo que realizan”, admitió Bolaños en referencia a las remuneraciones que reciben actualmente estos profesionales, quienes aseguran el acceso a la justicia de las personas con menos recursos.

La actualización de las remuneraciones del turno de oficio, congeladas desde hace cinco años, es una de las demandas de este colectivo, compuesto por aproximadamente 44,000 profesionales de la abogacía en España. Sus miembros llevan años denunciando el trato institucional al que están sometidos y protagonizaron movilizaciones hace unos meses para solicitar un aumento de las remuneraciones y el pago por todo el trabajo que realizan, ya que actualmente hay servicios que no se remuneran. Según los últimos datos ofrecidos por el Consejo General de la Abogacía Española (de 2021, sin cambios desde entonces), los abogados de oficio reciben en promedio 134 euros por cada caso en el que intervienen, aunque hay diferencias entre comunidades ya que aquellas con competencias transferidas negocian internamente las cantidades. El ministro acordó con la presidenta de la Abogacía sentarse a negociar a principios de año el aumento de las retribuciones de las comunidades dependientes del ministerio, que reciben los importes más bajos de toda España. “Es absolutamente necesario actualizar los baremos”, señaló Ortega.

En la reunión, el ministro también informó a la presidenta de los abogados sobre la intención del Gobierno de impulsar dos leyes que afectan directamente a este sector. La primera es una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996. “Es necesario modernizarla, incorporar nuevos supuestos que antes no existían y garantizar la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso gratuito a la Justicia”, enfatizó Bolaños en una comparecencia conjunta posterior ante los medios de comunicación. La segunda norma es una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, que estaba en proceso de tramitación en la legislatura anterior, pero quedó incompleta por las elecciones adelantadas. El ministro subrayó que esta ley será “pionera” en la Unión Europea. “España estará a la vanguardia en garantizar ese derecho. Se trata de convertir el servicio público de Justicia en lo que debe ser, un servicio público de calidad”, afirmó Bolaños.

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