El Tribunal Supremo desestima la aceptación de una denuncia de Podemos contra los magistrados que investigaron al partido.

El Tribunal Supremo ha desestimado aceptar a trámite la denuncia presentada por Podemos contra el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y su refuerzo, Joaquín Gadea, por reabrir una investigación al partido por supuesta financiación ilegal. Podemos acusaba a los jueces de cometer prevaricación, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, alegando que García Castellón decidió reabrir la investigación después de tomar declaración al exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, quien buscaba retrasar su extradición a los Estados Unidos. El tribunal ha tomado esta decisión respaldada por la Fiscalía, que recomendó archivar la denuncia.
En marzo de 2022, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional archivó el caso contra Podemos, que se centraba en delitos de financiación ilegal de partidos políticos, evasión fiscal y blanqueo de dinero, argumentando que era una situación “prospectiva”. En noviembre pasado, Podemos presentó la denuncia contra García Castellón y Gadea, en medio de un debate sobre amnistía y lawfare (persecución judicial con fines políticos), pero el Tribunal Supremo considera que la conducta de los jueces no constituye un delito.
Según el tribunal, la información proporcionada por Carvajal estaba relacionada con la investigación contra Podemos, por lo tanto, García Castellón tenía la obligación de investigar y verificar dicha información. La Sala también considera que la declaración de secreto de sumario en ese momento no fue injustificada, ya que la Fiscalía estuvo de acuerdo con ella, y que esta declaración no perjudicó al partido de manera indebida.
El tribunal recuerda que el delito de prevaricación judicial implica tener “conciencia de estar emitiendo una resolución” ilegal y actuar en contravención de las interpretaciones usuales y admisibles en el derecho, así como tener la “intención deliberada de faltar a la justicia”. “De acuerdo con lo expuesto y basándose en la simple lectura de las decisiones impugnadas y las emitidas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se desprende que dicho elemento subjetivo no está presente”, señala el Tribunal Supremo en un auto con la magistrada Carmen Lamela como ponente.
En relación con el delito de revelación de secretos, el tribunal señala que “es evidente que se filtró información de la investigación que se hizo pública a través de ciertos medios de comunicación”, pero ni Podemos atribuye esto clara y terminantemente a García Castellón y Gadea, “ni hay indicio alguno de que así fuera”. Además, el tribunal advierte que los jueces no fueron las únicas personas que tuvieron acceso a la información del procedimiento y que no hay evidencia de que tuvieran algún interés en filtraciones.
En cuanto al delito de omisión del deber de perseguir delitos, la Sala recuerda que se trata de “un delito de omisión pura” que implica a la autoridad o funcionario público responsable de promover la persecución de los delitos y sus autores. “En nuestro caso, de acuerdo con lo sostenido por el Ministerio Fiscal, la competencia para perseguir esas filtraciones no correspondía a los querellados, sino al juzgado competente en términos de materia y territorio”, señala la sala.

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