El Tribunal Constitucional confirma la legalidad del impuesto a las grandes fortunas al desestimar los recursos presentados por Murcia y la Asamblea de Madrid

El Tribunal Constitucional ha rechazado los dos últimos recursos que estaban pendientes de resolución contra la legislación del impuesto a las grandes fortunas en España. Tanto el Consejo de Gobierno de la comunidad de Murcia como la Asamblea de Madrid han visto rechazadas sus impugnaciones contra dicha ley, que consideraban inconstitucional. Sin embargo, el tribunal respalda la legalidad del impuesto, aplicando su propia doctrina sobre dicha iniciativa legislativa. Esta doctrina establece que el impuesto a las grandes fortunas no invade competencias autonómicas, no discrimina y no viola los derechos políticos de los parlamentarios.
En resumen, estas nuevas sentencias del Constitucional refuerzan aún más los criterios que ya llevaron a rechazar los recursos presentados por el Partido Popular y el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un primer bloque. Estas resoluciones se suman a otras dos que desestimaron las impugnaciones de los Gobiernos de Andalucía y de Andalucía. Ahora, se cierra el capítulo de los casos pendientes relacionados con la ley temporal del impuesto a las grandes fortunas, con las resoluciones que rechazan los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Región de Murcia y la Asamblea madrileña. La vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y la magistrada María Luisa Balaguer, ambas del sector progresista, han sido las ponentes de estas sentencias.
Las decisiones del Constitucional sobre este tema son de especial interés no solo por la importancia de los asuntos debatidos, sino porque han dejado al descubierto la profunda división que existe entre el bloque conservador y el grupo progresista del tribunal. En los últimos meses, ha sido común que los asuntos más relevantes se resuelvan con votos divididos de 7 a 4, mostrando puntos de vista muy diferentes sobre cuestiones que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, probablemente nunca antes —excepto en el caso de la sentencia sobre el aborto— se había evidenciado de manera tan clara el choque entre dos concepciones, dos culturas jurídicas, sobre la protección que ofrece la Constitución frente a leyes presuntamente confiscatorias y perjudiciales para los derechos de los parlamentarios, en cuanto a la forma en que se introducen y tramitan las reformas en las iniciativas legislativas que ya se encuentran en proceso.
No obstante, las sentencias dictadas en todos los casos han concluido que la ley no tiene un efecto confiscatorio como se alegaba por el Gobierno o el legislador, ni niega derechos a los parlamentarios, además de respetar la distribución de competencias impositivas entre el Estado y las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el debate sobre este asunto en el Constitucional ha revelado la existencia de una doctrina alternativa, minoritaria, compartida por los cuatro magistrados del sector conservador, cuyos votos discrepantes no solo representan puntos de vista completamente opuestos a la validación de esta ley, sino que también muestran criterios que van más allá, y anticipan futuras deliberaciones intensas en el tribunal debido a este choque de concepciones sobre aspectos fundamentales del derecho constitucional y sus garantías.

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