El respaldo del Gobierno extranjero para acceder a Telefónica en España.

La adquisición del 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha generado desconfianza tanto entre la oposición política como en algunas entidades financieras. El regreso del Estado como principal accionista de la operadora, luego de su completa privatización en 1997, se percibe como una interferencia en el sector privado. El Gobierno se defiende argumentando que esta práctica es frecuente en otros grandes países de nuestro entorno, donde los Estados tienen presencia en el capital e incluso en la gestión de empresas.

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