Castilla y León continúa proponiendo destinar a la mediación laboral una suma que los sindicatos critican por ser “inadecuada”.

La consejería de Empleo de Castilla y León, dirigida por Vox, insiste en reducir los fondos para el Servicio de relaciones laborales (Serla). El departamento comandado por Mariano Veganzones tiene planificado financiar a esta entidad con 400.000 euros, la mitad de lo establecido en 2022. La decisión llega después del intento de la consejería de eliminar por completo las partidas, pero debido a la oposición de los sindicatos y la patronal, accedió a reducirlo a esos 400.000 euros. Los agentes sociales insisten en que es una cantidad insuficiente. El Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, envió requerimientos a la Junta solicitando que se mantuvieran las sumas establecidas habitualmente para el Serla, pero Empleo se negó. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró su incompetencia para cuestionar las políticas de la Junta, ante las denuncias de los sindicatos.
El anuncio de Industria, Comercio y Empleo se realizó en la mañana de este miércoles a través de un comunicado oficial, donde se respaldó esta acción argumentando que la dirección del Serla no ha tomado “medidas de austeridad”. La nota acusa a la dirección de “dejar sin liquidez las cuentas de la fundación para el pago de las nóminas de los trabajadores”, por lo cual se han comprometido 400.000 euros, una cantidad que los sindicatos consideran “insuficiente” para cubrir los gastos pendientes, como los sueldos de los empleados. La Junta sostiene que esa partida debería servir para “paliar las consecuencias de una gestión inadecuada, con el bloqueo de decisiones por la negativa de los sindicatos a cualquier iniciativa de ahorro”. Veganzones ha criticado repetidamente a los sindicatos UGT y CCOO, mientras que estos le reprochan su actitud hostil hacia el Diálogo Social, una herramienta habitual en Castilla y León gracias a la buena relación entre los sindicatos, la patronal y los agentes sociales.
El director del Serla, Julio Cordero, reiteró en septiembre, frente al juzgado que conduce el recurso sindical, que es imposible brindar ese servicio de mediación con 400.000 euros anuales. El Serla atendió un total de 3.534 conflictos individuales y 341 colectivos en 2022, a pesar de que Veganzones lo califica de “chiringuito”. El empeño de Empleo, a pesar de la opinión de los involucrados en el Serla, es reorientar esas funciones y derivarlas a los funcionarios de la Junta, algo muy criticado por los sindicatos, ya que creen que causaría saturaciones y aumentaría la carga en los juzgados debido al aumento de los procesos laborales sin resolución. El Gobierno central, a través del Ministerio de Trabajo, envió dos requerimientos a la Junta para aumentar esas subvenciones en riesgo, pero se tradujeron en ese incremento después de la amenaza de reducir las cifras a cero.
El caso llegó al TSJCyL debido al recurso presentado por los sindicatos, pero el tribunal determinó que la jurisdicción social no tiene competencia para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo (las medidas contra el Serla). Por lo tanto, consideraron que los recortes “no son resultado de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que son resultado del poder organizativo de la Junta de Castilla y León, y están inspirados en el principio de estabilidad presupuestaria”.
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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