Ayuso extiende su enfrentamiento con Sánchez y apela ante el Tribunal Constitucional la creación de hogares de acogida.

La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno central por considerar que han invadido sus competencias al licitar un contrato estatal para establecer un servicio de captación, concienciación, fidelización y formación de familias interesadas en acoger a menores tutelados. Esta decisión agrava el constante enfrentamiento entre las dos administraciones en el ámbito judicial. Desde que Díaz Ayuso asumió el poder en agosto de 2019, la Comunidad ha recurrido quince decisiones estatales ante los tribunales. Aunque la justicia ha respaldado a Madrid en asuntos como el IVA de diciembre de 2017, que aportó 300 millones de euros adicionales a las arcas regionales, también ha rechazado sus pretensiones respecto a asuntos clave como el currículo de Bachillerato o el impuesto a las grandes fortunas, respaldado por el Constitucional.

“Estamos convencidos de que tenemos toda la razón”, dijo Díaz Ayuso en una conferencia de prensa en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, donde presidió el Consejo de Gobierno de manera extraordinaria, y derivó las explicaciones sobre este asunto al portavoz gubernamental, Miguel Ángel García.

Esto es lo que García, también consejero de Presidencia, explicó sobre una iniciativa propuesta por Ana Dávila, titular del Ministerio de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.

“Esta decisión se produce después de que el Gobierno central no haya respondido a un requerimiento enviado por la región en diciembre para anular este contrato”, dijo García sobre una iniciativa que el gobierno regional ha estado estudiando desde diciembre de 2023. “La Abogacía nos recuerda que las atribuciones que el Gobierno central se arroga no son competencia de la gestión estatal, dado que la tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas”, argumentó. “Quiero recordar que estamos trabajando intensamente en este servicio para apoyar a las familias de acogida, y acabamos de aumentar un 30% las ayudas mensuales que reciben por cada niño”, añadió. Y concluyó: “Lo que pedimos al Gobierno central es que se ocupe de las competencias que sí tiene atribuidas, como la de Cercanías, y que no duplique el gasto e invada las competencias que sí tenemos atribuidas las comunidades”.

Dado que la Comunidad ya mencionó en diciembre la posibilidad de recurrir al Alto Tribunal por esta cuestión, la Administración central no ha sido tomada por sorpresa, y ha defendido el contrato como una forma de proporcionar más recursos para la acogida de menores.

“Las competencias son autonómicas”, admitió un portavoz del Ministerio de Infancia y Juventud, dirigido por Sira Rego. “El Gobierno está ofreciendo recursos para que más familias puedan acceder a los servicios de acogida que gestionan las Comunidades Autónomas”, continuó. “[El contrato] refuerza los recursos para evitar que los niños menores de seis años estén en centros. Forma parte de la estrategia de desinstitucionalización del Gobierno Central, acordada por todas las Comunidades en una conferencia sectorial”, añadió. Y recordó: “Es un contrato que ya se propuso en la legislatura anterior”.

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Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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